Un reciente fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la pérdida del beneficio de gratuidad contemplada en el proyecto de ley sobre Escuelas Protegidas, abrió un nuevo debate respecto de los límites constitucionales para establecer sanciones que restrinjan el acceso a beneficios sociales. La decisión también genera interrogantes sobre la tramitación de otras iniciativas legislativas que contemplan mecanismos similares, como el Registro Único de Vándalos y las modificaciones al Sistema de Admisión Escolar.

En este contexto, Cristóbal Aguilera Medina, asociado senior de nuestro estudio, señaló en conversación con El Mercurio que, si bien el control de constitucionalidad recae sobre normas concretas, «es evidente que la sentencia fija ciertos criterios que resultan, y de seguro resultarán, relevantes para evaluar iniciativas de similar naturaleza».

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