El 29 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) o Ley N°21.770, que introduce modificaciones a diversos cuerpos legales. Esta normativa constituye un hito en la modernización regulatoria del Estado, al crear un marco general que ordena, coordina y estandariza los procedimientos referidos a las autorizaciones de distintos órganos de la Administración del Estado previstas para proyectos o actividades sujetos a regulación sectorial. El horizonte final de esta nueva normativa es, como se declara expresamente, promover el desarrollo de la productividad, el crecimiento y la inversión.

Objetivos y Principios Rectores
La LMAS busca fortalecer la certeza jurídica, eficiencia y coherencia del sistema de autorizaciones públicas, facilitando la inversión y el desarrollo productivo sostenible, sin menoscabo de los objetivos de protección ambiental, sanitaria o social propios de cada sector.
La ley incorpora un conjunto de principios orientadores: los de estandarización, facilitación, previsibilidad, proporcionalidad, simplificación administrativa y costo-efectividad. Estos complementan los ya establecidos en las leyes N°18.575 (sobre bases de la Administración del Estado). Ley N°19.880 (sobre bases y regulaciones para los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, incluyendo la tramitación electrónica) y N°21.663 (ley de ciberseguridad), y deberán regir las políticas, planes, programas, normas, acciones, procedimientos y actos administrativos de los organismos en la aplicación de la LMAS.

Ámbito de Aplicación y Exclusiones
La LMAS se aplica a los órganos y servicios públicos con competencias para emitir autorizaciones, permisos, certificaciones o pronunciamientos necesarios para la ejecución de proyectos o actividades económicas sometidas a regulación. Sin embargo, se excluyen expresamente ámbitos regulados por regímenes especiales, tales como las autorizaciones que se tramitan en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Estructura Orgánica: Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial
La ley crea el Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, encargado de articular las políticas, instituciones y normas destinadas a la correcta tramitación de las autorizaciones sectoriales. Su propósito es integrar la gestión de permisos, promover la coordinación interinstitucional y contribuir al desarrollo productivo sostenible.
El Sistema está compuesto por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, el Comité de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, los ministerios y servicios públicos con competencias sectoriales, y otras entidades de derecho público relacionadas. Este esquema busca unificar criterios, mejorar la trazabilidad de los procedimientos y avanzar hacia plataformas tecnológicas integradas que permitan el seguimiento en línea de las autorizaciones. En particular, la ley regula Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER), que pasará a constituir la vía para la tramitación y gestión de las autorizaciones sectoriales, bajo la administración de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión.

Clasificación de las Autorizaciones Sectoriales y Técnicas Habilitantes Alternativas
La LMAS introduce una tipología común para las autorizaciones, que será determinada por decreto supremo, agrupándolas en seis categorías:

a) De administración o disposición.
b) De localización.
c) De proyecto.
d) De funcionamiento.
e) De profesional o servicios.
f) Otras autorizaciones.

La clasificación de las autorizaciones influirá en los plazos de tramitación y en la aplicación del silencio administrativo (positivo o negativo). A su vez, por medio de reglamentos sectoriales se definirá en qué hipótesis las técnicas habilitantes alternativas, esto es, el aviso y la declaración jurada, reemplazarán la dictación de una autorización expresa, pasando a un régimen de fiscalización ex post.

Modificaciones y Próximos Pasos

La LMAS modifica decenas de leyes sectoriales con el propósito de armonizar los procedimientos de autorización y promover la aplicación de técnicas habilitantes alternativas, la digitalización de los trámites y la estandarización de plazos, entre otros fines. Además, se contempla un régimen transitorio para la implementación progresiva de estas medidas, incluyendo la adecuación de reglamentos sectoriales y la entrada en vigencia de nuevas disposiciones conforme a cronogramas específicos.


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